México y los militares

El decreto presidencial que da cobertura legal a los militares para seguir ejerciendo labores de seguridad pública en México hasta 2024, año que acaba la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, supone el reconocimiento de dos realidades, a cada cual más preocupante.

La primera es el fracaso contra el crimen de la actual Administración, que se basó en la creación de un cuerpo, la Guardia Nacional, cuya tarea seria poner freno a la violencia que asuela el país —y poder así retirar al Ejército de estas tareas—. Incluso en plena pandemia, México ha registrado grandes cifras de asesinatos y desaparecidos.

La segunda es la militarización del país. Esta comenzó con Felipe Calderón, quien decidió utilizar al Ejército contra el creciente poder del narcotráfico. Una estrategia que ha dejado en 14 años más de 200.000 muertos, y que, para rematar, no logró frenar el auge de estos grupos criminales. La ola de violencia creció con Enrique Peña Nieto y se ha mantenido.

El presidente prometió en campaña sacar a los militares de las calles y criticó con dureza la actuación de estos y de los Gobiernos anteriores. Pero desde que ganó las elecciones, López Obrador ha evitado concretar en qué consiste su estrategia para combatir la inseguridad.

Los militares están ahora a cargo de obras públicas, con lo que sus actividades se extienden a ámbitos de la vida civil. No es esto lo que se esperaba del presidente. La decisión de consagrar legalmente la actividad de los militares en las calles refleja la incapacidad de López Obrador para organizar el Estado sobre ejes racionales, civiles y eficaces, que en conjunto acerquen a México a una modernidad que, hoy por hoy, no parece más que alejarse.